Ruta 6, con rechazos, la provincia de Buenos Aires crea CIBASA
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ya prepara la creación de una empresa estatal que se encargará del mantenimiento y del posterior cobro de peaje de los casi 180 kilómetros de autopista sobre la ruta 6, que atraviesa 12 municipios del tercer anillo del conurbano. El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) rechazó ese cobro por considerarlo arbitrario.
Los casi 180 kilómetros de autopista sobre la ruta 6, que atraviesa 12 municipios del tercer anillo del conurbano, están a punto de habilitarse y el Gobierno ya prepara la creación de una empresa estatal que se encargará del mantenimiento y del posterior cobro de peaje. A fines de mayo la autovía estará terminada. Después de casi 20 años de demora, será un corredor de doble vía que unirá Zárate con el puerto La Plata.
La ruta 6 une los partidos de Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Pilar, Luján, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Cañuelas, San Vicente, Brandsen y La Plata. Se trata de un tercer anillo vial de circunvalación de la Ciudad, si se cuenta a la General Paz y el Camino de Cintura, más cercanos a la Capital.
Hace dos años la Legislatura aprobó un crédito de 1.300 millones de pesos para terminar los trabajos que se financiaron desde el Estado. La nueva obra incluyó rotondas, cruces a nivel, intersecciones con otras rutas y el doble carril en todo el trayecto.
Ahora, la Secretaría de Servicios Públicos afina los detalles para la creación de CIBASA (Circunvalación de Buenos Aires SA), una compañía que será la responsable de garantizar administrar la autovía y, más adelante, implementar un sistema de peaje para financiar el mantenimiento.
Sin embargo, esta nueva disposición es rechazada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), que no avala de “ninguna manera inventar una nueva empresa para cobrar peaje, solo de mantenimiento, en la Ruta Provincial N° 6, una vez terminadas la obras que la convertirán en autovía y que en definitiva son financiadas con un crédito del Estado por la suma de $ 1.300 millones”.
“¿Cómo es posible que el dinero lo ponga el Estado, y una empresa concesionaria que no invierte un solo peso se limite a cobrar peaje para solventar las costosas estaciones de peaje, su administración y solo mantenimiento?”, se preguntaron.
“Es importante destacar que de concretarse esta nueva concesión, implicará un nuevo aumento en el costo de transporte, afectando no solo a los usuarios viales, sino también a toda la sociedad en su conjunto. La concesión vial a través del sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta, y para colmo, solo para mantenimiento, que el señor gobernador Daniel Scioli intenta implementar en el corredor vial en cuestión, será claramente inconstitucional por no contar con caminos alternativos libres de pago, antieconómica e inviable por el bajo caudal de transito, e injusta por tratarse de un corredor abierto donde unos pagarán y otros no”, agregaron.
Por último, consideraron que dicha iniciativa provincial, llevada a cabo sin la participación activa de los usuarios viales, demuestra “una actitud autoritaria, antidemocrática, irresponsable y de enorme desconocimiento en materia de infraestructura vial por parte del señor gobernador Scioli, ya que, como en tantas otras oportunidades nunca ha convocado a las entidades de usuarios viales para cambiar opiniones. Sin ir más lejos, en materia de derechos del usuario, las concesiones viales bonaerenses se han llevado adelante de espaldas a mecanismos de control social, como lo son las veedurías ciudadanas y las audiencias públicas. No hay indicios que lleven hoy a pensar que en la Ruta Provincial N° 6 no sucederá lo mismo. La administración y gestión de lo público requiere de la no exclusión de la participación ciudadana, premisa que jamás se respetó en la Provincia a la hora de la toma de decisiones, las cuales se han sucedido de manera unilateral por medio de decretos del Ejecutivo o de medidas ministeriales. Los caminos son de dominio público, no son propiedad exclusiva del Gobernador o de algún funcionario”.