Radares y multas “truchas”

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Radares no habilitados en las carreteras nacionales serían utilizados por algunos municipios del interior para recaudar.

radaresTruchos“Nuestros técnicos relevaron alrededor de 670 radares truchos. Fueron instalados con fines recaudatorios”, aseguró a Clarín el jefe de servicio jurídico de la Dirección Nacional de Vialidad, Manuel Keumurdji. Agregó que varias intendencias fueron intimadas a sacar los equipos truchos y que ya hay funcionarios demandados.

¿Qué debe hacer un conductor al que le llega una multa trucha? “Todo el que tenga una sospecha o se sienta engañado debe presentar su descargo ante las Defensorías del Pueblo correspondientes o bajar la nota de descargo de la web de la Dirección Nacional de Vialidad”, dijo Keumurdji.

Para que un radar sea homologado a nivel nacional debe cumplir con varias aprobaciones. El Ministerio de Industria debe legalizarlo y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) debe verificar si el aparato mide bien la velocidad. Además, se necesita la autorización de uso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv). La Dirección Nacional de Vialidad luego autoriza su emplazamiento en rutas nacionales. Cuando a un radar le falta alguna de estas habilitaciones, la multa pasa a ser nula.

El costo total de la tramitación de un radar va de 25 mil a 40 mil pesos, dependiendo de la zona. Según la marca, el aparato vale entre 350 mil y 600 mil pesos.

¿Qué negocio esconden los radares truchos? Que salen mucho más baratos y rinden el doble que uno legal. “Sólo recaudan, pero no educan. Nosotros recomendamos que si quieren poner radares, coloquen carteles en los puntos negros. Si vos ponés un cartel que diga ‘zona de accidentes’, estás previniendo y el conductor levanta el pie del acelerador”, afirmó Keumurdji.

Cuando se paga una multa trucha, el 30% va para el municipio y el 70% a la empresa que puso el radar. Cuando la multa es legal, el 30% se destina a la ANSV. Al municipio le queda alrededor del 20% y el resto va al ente privado que compró los radares, explicó.

Pero no todos son truchos. Hay 14 radares autorizados en rutas nacionales y otros 200 homologados por el INTI que funcionan de modo móvil o portátil en diversos puntos del país. Muchos de ellos, al no estar emplazados sobre rutas nacionales, son operadas por los municipios o las provincias.

Así, por ejemplo, los que vayan a Rosario desde Buenos Aires, deberán estar atentos a los diez puntos radarizados autorizados en la Panamericana, entre la General Paz y Campana. Funcionan las 24 horas y son operados por la Ansv y la provincia de Buenos Aires. Otros cuatro radares fijos legales están en Corrientes: Villa Olivari, Alvear y Ramada Paso. También hay uno en Garupá, Misiones. Mientras, los que elijan la Costa y tomen la Ruta 2 se encontrarán con once dispositivos habilitados.

“El mayor daño que ocasiona la gran cantidad de radares ‘truchos’ es que deteriora la credibilidad de las sanciones. Habiendo tanto consenso en que muchas multas son ilegales y no se deben pagar, se perdieron herramientas de control y correctivos a los conductores que tienen conductas peligrosas”, lamentó Eduardo Balza, coordinador de la unidad de enlace entre la Ansv y Vialidad Nacional.

“De todos modos –agregó– los radares no previenen los siniestros, sólo castigan el exceso de velocidad cuando ya se produjo. El conductor realmente reduce la velocidad cuando los carteles le advierten peligros inminentes (como curvas, cruces o zonas peligrosas) o que comienza una zona controlada por radares. Pero lo que hace bajar la velocidad es la cartelería, no la fotomulta, que le llega semanas después”.