La FADEEAC, que representa a 4.500 pymes, se opone a un proyecto que aprobaron los diputados de la provincia de Buenos Aires. Una indemnización base pasaría de $9 millones a $31 millones.
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), entidad que cuenta con 43 cámaras de base en todo el país que agrupan a alrededor de 4.500 pymes, viene haciendo valer su peso específico para fijar posición frente a la agenda económica, tanto nacional como provincial.
En abril pasado se opuso a lo que consideró “el exorbitante aumento en los peajes” en rutas nacionales. Y ahora, rechazó un proyecto de ley de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires que modifica el cálculo de los intereses en las indemnizaciones laborales.
“Además de ser inconstitucional, por ser materia del Congreso nacional legislar sobre este tema, si el Senado valida ese cambio, miles de pymes verían amenazada su existencia”, advirtió Roberto Guarnieri, Presidente de FADEEAC.
“Como Federación que nuclea al 80% de las pymes transportistas de la Argentina, solicitamos que se reconsidere ese proyecto y se abra un espacio de diálogo amplio y participativo que permita desarrollar una legislación que verdaderamente beneficie a todos los sectores involucrados, promoviendo un mercado laboral justo y equilibrado”, añadió Guarnieri.
El proyecto modifica el Artículo 48 de la ley de Procedimiento Laboral 11.653 sustituyendo en los juicios laborales la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y agregando una carga del 6%.
Alertan por el impacto sobre las pymes
Según la Federación, el impacto de esa decisión puede implicar el cierre de innumerables pymes. Y explica que en el caso de una sentencia en la que el valor de la condena indemnizatoria fuera de dos millones de pesos, los nueve millones que actualmente debería pagar un empleador (aplicando la tasa pasiva de 40%, y el acumulado de la misma entre enero y mayo de este año) se transformarían en casi 31 millones de pesos.
Por eso, FADEEAC hizo llegar un pedido formal a diferentes autoridades provinciales para que se proceda a “una urgente revisión” del mismo. Además, instó a los legisladores bonaerenses para que activen propuestas alternativas, como incentivos fiscales para la creación de empleo formal o programas de capacitación laboral. Consideró que estas medidas “resultan más efectivas y eficientes para fomentar la generación de empleo de calidad”.
“Más que volver sobre las mismas (y viejas) recetas, necesitamos que se ponga el foco en la instrumentación de incentivos reales para que las empresas puedan generar empleo, teniendo en claro que sin empresas no hay trabajo y sin trabajo, no hay indemnización posible. Por este camino sólo se consigue hostigar a quienes con un enorme esfuerzo sostienen la actividad y los puestos de trabajo actuales, en medio de un complejo contexto económico recesivo y de caída de la actividad”, concluyó Guarnieri.
La recesión frenó el aumento de costos
En relación con el contexto recesivo que describe la Federación, el último informe sobre la evolución de costos, correspondiente a mayo 2024, reveló que «en un contexto de recesión de la economía y significativa contracción de la actividad, los costos del transporte de cargas cerraron mayo con una fuerte desaceleración, de 2,45%».
Así, la actividad de las empresas del autotransporte de cargas acumula en cinco meses un aumento de costos de 51,64%, y un incremento interanual de 264,4% (mayo 2024-abril 2023).
La Federación del autotransporte de cargas ya había cuestionado en abril pasado la decisión del gobierno nacional de autorizar un incremento de los peajes en las rutas nacionales que la entidad consideró “exorbitante”.
“Con el aumento de 200% publicado en el Boletín Oficial, los peajes acumulan un incremento de 800% en el último año y medio”, destacó en ese momento la entidad.
Además, cuestionó a los concesionarios por el estado de las rutas y publicó las conclusiones de un relevamiento realizado sobre más de 18.000 km de rutas nacionales y provinciales: el 46,6% de las rutas nacionales se encuentra en mal estado, el 29% en estado regular y apenas el 19,3% está en buen estado.