Acuerdo con empresas y la UNRN revive el debate por los controles laborales a los camioneros
En medio de un clima de tensión entre gremios y el Gobierno nacional, el Sindicato de Camioneros de Río Negro, liderado por Gustavo Sol, firmó un acuerdo con empresas del sector para impulsar la capacitación de choferes a través de un aporte sindical. El convenio, que involucra a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y a siete transportistas de la provincia, encendió alarmas en la industria por su semejanza con el extinto “carnet Moyano”, derogado en 2024 por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger.
En qué consiste el convenio
Según lo firmado, el acuerdo busca fomentar la formación profesional de los camioneros, especialmente aquellos vinculados a la industria petrolera, con el fin de ofrecer mano de obra calificada y mejorar la inserción laboral.
El esquema de capacitación incluye:
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Un curso teórico de 70 horas dictado por la UNRN
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Una instancia práctica de 40 horas a cargo del sindicato
A cambio, las empresas firmantes —Gabino Correa, Peduzzi, Arceo, Pedrolga, TSB, Hernández y la aseguradora Horizonte— deberán aportar $2.000.000 en dos cuotas, que se transferirán a una cuenta bancaria del gremio.
Similitudes con el “carnet Moyano”
Especialistas advierten que este convenio tiene puntos en común con el sistema de Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), conocido como “carnet Moyano”, eliminado por Sturzenegger en septiembre de 2024. Aquel sistema requería exámenes médicos y pruebas de idoneidad a los camioneros realizados en centros asociados al sindicato nacional.
La diferencia clave: el convenio rionegrino no tendría validez legal nacional ni habilita a manejar. Tampoco está respaldado por una normativa que exija su cumplimiento, lo que genera dudas sobre su eficacia y aplicación real.
Preocupaciones en la industria
Desde el sector empresarial expresaron preocupación por el posible encarecimiento del transporte, ya que el acuerdo implica un nuevo costo por cada chofer capacitado. También alertaron sobre el riesgo de que esta práctica se extienda a otras provincias, como Neuquén, generando un efecto “regionalización” de acuerdos gremiales por fuera del marco legal nacional.
Críticos del acuerdo lo tildan de recaudatorio, debido a que las transferencias son dirigidas directamente a una cuenta del sindicato sin control estatal visible sobre la implementación efectiva de los cursos. Además, el acuerdo no contempla quién cubrirá la actividad laboral de los choferes durante su formación.
¿Capacitación o presión gremial?
La medida se interpreta en algunos sectores como una respuesta al desfinanciamiento de los sindicatos en el nuevo contexto político, pero también plantea un debate sobre cómo se garantiza la idoneidad de los choferes sin caer en mecanismos que puedan interpretarse como obligatorios de facto o fuentes de ingresos gremiales encubiertas.
Mientras tanto, la cartera de Sturzenegger, que eliminó el LINTI con el argumento de simplificar trámites para las empresas, observa con atención este nuevo movimiento regional que desafía su política de desregulación.
