El fallo obliga a Vialidad Nacional a elaborar un plan de obras
El Juzgado Federal de Roca resolvió a favor del amparo colectivo presentado por la provincia de Río Negro, cinco municipios del Alto Valle y diversas cámaras empresariales, al comprobar el grave deterioro de la Ruta Nacional 151 y la falta de mantenimiento por parte de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La sentencia, firmada por el juez Hugo Greca, ordena a la DNV la elaboración de un plan de relevamiento de los puntos más críticos de la traza en un plazo de 10 días y la ejecución de trabajos de reparación en los 90 días siguientes. Además, establece la obligación de presentar un plan integral de reconstrucción que deberá estar en marcha dentro de los próximos seis meses.
Un reclamo conjunto entre Provincia, municipios y el sector privado
El amparo colectivo fue promovido por el gobernador Alberto Weretilneck, junto a los municipios de Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel, Contralmirante Cordero y Campo Grande, con el acompañamiento de cámaras empresariales y de servicios.
El reclamo denuncia la omisión de mantenimiento en el tramo comprendido entre los km 0 y 150, límite con la provincia de La Pampa, y subraya que se trata de una vía estratégica para la integración regional, utilizada por la industria hidrocarburífera, frutícola, minera y de transporte.
Según los informes técnicos presentados, la ruta presenta roturas, hundimientos, ahuellamientos y fisuras en distintos tramos, lo que genera riesgo vial y dificultades en servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
Los argumentos del fallo
En su defensa, Vialidad Nacional negó el deterioro denunciado y alegó limitaciones presupuestarias, señalando que las decisiones sobre la asignación de fondos son “cuestiones de discrecionalidad técnica no justiciables”. Sin embargo, el juez Greca desestimó este argumento, remarcando que no se justificó la falta de aplicación de los recursos del fideicomiso vial, fondo legalmente destinado a obras de mantenimiento.
El magistrado destacó que el reclamo “no busca imponer un destino específico del presupuesto”, sino exigir que se cumplan las obligaciones establecidas por la ley. En los considerandos, el fallo sostiene que “las tareas de conservación desarrolladas no son suficientes para garantizar la transitabilidad” y que el deterioro extremo de la calzada afecta “la prestación de servicios públicos y la actividad económica de la región”.
Próximos pasos
Vialidad Nacional deberá presentar el plan de obras dentro de los plazos establecidos y comunicar las medidas adoptadas al juzgado. El cumplimiento será supervisado por el tribunal federal con sede en Roca.
El fallo constituye un precedente importante en materia de infraestructura vial y responsabilidad estatal, al reconocer la afectación directa de la seguridad y la actividad económica por la falta de mantenimiento de una ruta nacional.
