Cañuelas, Ramallo y Coronel Suárez se suman a la lista de municipios de la provincia de Buenos Aires que impulsan la creación de una tasa vial aplicada a los combustibles. En los tres casos, los proyectos contemplan un recargo del 2% sobre la facturación de las estaciones de servicio por la venta de nafta, gasoil y GNC, un costo que terminará impactando directamente en el precio que paga el consumidor en el surtidor a partir de 2026.
En el caso de Cañuelas, el Concejo Deliberante avanzó con la “Tasa Municipal de Mantenimiento Vial”, que prevé un recargo de entre el 1% y el 2% sobre el precio de venta de los combustibles líquidos y del gas natural comprimido. La iniciativa fue impulsada por la intendenta Marisa Fassi y establece que el gravamen se aplicará sobre el precio sin impuestos, asignando a las estaciones de servicio el rol de agentes de retención. Para cumplir con la normativa, los expendedores deberán empadronarse ante el municipio antes del 1 de febrero de 2026. No obstante, la puesta en vigencia definitiva dependerá del aval de la Asamblea de Mayores Contribuyentes.
Con esta medida, Cañuelas se alinearía con numerosos distritos bonaerenses que ya aplican tasas similares, con alícuotas que oscilan entre el 0,5% y el 2,5%. Entre ellos se encuentran Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Florencio Varela, Ezeiza, Tigre, Escobar, Pilar, Moreno, La Matanza, Lomas de Zamora y Lanús, entre otros.
En Coronel Suárez, el intendente Ricardo Moccero también impulsa la creación de una tasa vial del 2% sobre el precio de los combustibles, con el argumento de reforzar los recursos municipales destinados al mantenimiento de la infraestructura vial. Una iniciativa similar se analiza en Ramallo, donde el jefe comunal Mauro Poletti incorporó en el nuevo Código Tributario la posibilidad de aplicar una tasa del 2% sobre las ventas de combustibles.
Poletti relativizó el impacto del tributo y sostuvo que se trataría de un monto acotado por carga. Según explicó, en un tanque de entre 60.000 y 70.000 pesos, el recargo rondaría los 1.200 pesos, mientras que en tanques de mayor capacidad no superaría los 1.800 pesos.
Desde el sector empresario, sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Fernando Rolando, gerente de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra), reiteró la oposición de la entidad a este tipo de gravámenes municipales. Señaló que aproximadamente la mitad del precio final del combustible ya está compuesto por impuestos y tasas, y que sumar nuevos cargos distorsiona los valores y genera diferencias competitivas entre jurisdicciones. Además, advirtió que, según la metodología de cálculo que adopte cada municipio, el aumento en surtidor podría rondar el 1%.
El avance de estas tasas se da en un contexto de fuerte tensión entre los intendentes y el Gobierno nacional. A comienzos de este año, el Ministerio de Economía inició una demanda judicial contra la provincia de Buenos Aires y el municipio de Lomas de Zamora por el cobro de la tasa vial, al considerar que viola la Ley de Coparticipación al gravar una actividad ya alcanzada por impuestos nacionales, como el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Como parte de su estrategia, el Ejecutivo nacional impulsó la creación del Portal de Transparencia Tributaria Municipal, donde se detallan las tasas y alícuotas que aplica cada jurisdicción, incluida la Ciudad de Buenos Aires. Además, se promovió la obligación de que las estaciones de servicio informen de manera visible si en ese distrito se cobra una tasa vial, con el objetivo de transparentar el impacto sobre el precio final.
El conflicto se reavivó recientemente tras la suba de tasas en Pilar, donde el municipio reemplazó un esquema de monto fijo por una alícuota del 2% aplicada sobre diversas actividades económicas. Según el relevamiento oficial, existen fuertes disparidades en las tasas municipales: Lanús lidera la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene con un 6%, seguida por Pilar, Quilmes y otros distritos con porcentajes superiores al 2%. En materia de tasa vial, General Pueyrredón y Pinamar encabezan con un 3%, mientras que varios municipios del conurbano aplican entre 2% y 2,5%.
Con la incorporación de Cañuelas, Ramallo y Coronel Suárez, el debate sobre la presión tributaria local y su impacto en los precios de los combustibles vuelve a instalarse con fuerza, en un escenario donde los costos del transporte y la logística continúan en el centro de la discusión económica.
