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Argentina incorporo el protocolo que reducirá las multas del transporte internacional

Nuevos protocolos para modernizar el transporte regional

El Ministerio de Economía incorporó al ordenamiento jurídico argentino dos protocolos adicionales del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT), una decisión que apunta a modernizar los procesos aduaneros y actualizar el esquema de sanciones para las empresas que operan en el transporte internacional de cargas y pasajeros.

Las medidas fueron oficializadas mediante las Resoluciones 829 y 830 de 2026, publicadas en el Boletín Oficial, y forman parte de los acuerdos alcanzados entre los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

La entrada en vigencia de ambos protocolos se concretará 60 días después de que la Secretaría General de la ALADI reciba las notificaciones de cumplimiento de los requisitos internos por parte de los países firmantes.

Avanza la digitalización del MIC/DTA

Uno de los cambios más relevantes para el sector logístico surge a partir del Octavo Protocolo Adicional, incorporado mediante la Resolución 829/2026.

La actualización modifica los procedimientos aduaneros vinculados al tránsito internacional de mercancías por carretera y establece las bases para la digitalización del Manifiesto Internacional de Carga por Carretera y Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (MIC/DTA), documento indispensable para las operaciones de transporte terrestre entre los países adheridos al acuerdo.

Hasta ahora, gran parte de estos trámites continuaban realizándose en formato papel. Con la nueva normativa, las administraciones aduaneras podrán implementar sistemas informáticos para gestionar electrónicamente la documentación, reduciendo tiempos administrativos y agilizando los cruces fronterizos.

Además, se actualizan los requisitos técnicos de las unidades de transporte y de los precintos aduaneros, reforzando los estándares de seguridad y trazabilidad de las cargas.

Menores multas para las empresas de transporte

La Resolución 830/2026 incorpora el Sexto Protocolo Adicional al ATIT, que modifica el régimen de infracciones y sanciones aplicable al transporte internacional terrestre.

La actualización responde a la situación económica que atraviesan las empresas del sector y contempla una reducción en los montos de las multas aplicables a transportistas de cargas y pasajeros.

Si bien se mantienen las categorías de infracciones —leves, medias, graves y gravísimas—, los Estados parte acordaron revisar las penalidades económicas para aliviar los costos operativos que enfrentan actualmente las compañías.

La modificación fue analizada previamente por organismos como la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Dirección General de Aduanas.

Impacto para la logística y el comercio exterior

Las nuevas disposiciones tendrán impacto directo sobre transportistas, operadores logísticos, despachantes de aduana y empresas vinculadas al comercio exterior que operan en corredores internacionales de Sudamérica.

La digitalización del MIC/DTA aparece como uno de los cambios más significativos, especialmente en pasos fronterizos de alto volumen donde la gestión documental suele generar demoras y costos adicionales.

Desde el sector logístico consideran que la modernización de los procedimientos puede contribuir a una mayor eficiencia operativa, reduciendo tiempos de espera y simplificando procesos administrativos para las cargas que circulan entre los países de la región.

Un paso hacia una mayor integración regional

La actualización del ATIT forma parte de un proceso más amplio de integración logística y comercial entre los países sudamericanos.

Si los siete Estados firmantes avanzan con la implementación coordinada de los protocolos, el transporte terrestre internacional contará con un marco regulatorio más moderno, digitalizado y adaptado a las necesidades actuales del comercio regional.

La combinación de menores cargas administrativas, procedimientos aduaneros más ágiles y una actualización del régimen sancionatorio busca mejorar la competitividad de los corredores internacionales y fortalecer el intercambio comercial entre los países de la región.

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