La Obra Social de Conductores Camioneros difundió una comunicación en la que ratifica que los empleadores deben hacerse cargo de la emisión, renovación y demás gastos vinculados a las Licencias Nacionales de Conducir Profesionales de los trabajadores en relación de dependencia.
La Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas (OSCOCA) difundió una comunicación dirigida al sector del transporte en la que recordó que las empresas deben afrontar el costo total de las Licencias Nacionales de Conducir Profesionales (categorías C, D y E), junto con los exámenes, capacitaciones y habilitaciones exigidas para el desarrollo de la actividad.
El documento comenzó a circular entre federaciones, cámaras empresarias y organizaciones vinculadas al transporte y lleva la firma de Hugo Antonio Moyano, presidente de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) y de OSCOCA.
En la nota se ratifica la vigencia de la normativa laboral y de los usos y costumbres del sector respecto de la documentación habilitante para los trabajadores en relación de dependencia.
Qué gastos deben asumir las empresas
Según la comunicación, los empleadores deben hacerse cargo de manera exclusiva de todos los costos relacionados con:
- Emisión de la Licencia Nacional de Conducir Profesional.
- Renovación de la licencia.
- Capacitaciones obligatorias.
- Exámenes psicofísicos y administrativos.
- Habilitaciones nacionales específicas requeridas para la actividad.
En ese sentido, el documento sostiene que los trabajadores no deben afrontar ningún gasto vinculado con la obtención, renovación o mantenimiento de las licencias profesionales necesarias para desempeñar sus funciones.
Advierten sobre posibles acciones legales
La comunicación también señala que, en caso de detectarse empresas que trasladen estos costos a sus choferes, se impulsarán las denuncias y acciones legales correspondientes.
Con esta aclaración, la entidad busca unificar criterios dentro del sector y recordar tanto a empleadores como a trabajadores cuál es la responsabilidad sobre los gastos derivados de la documentación profesional exigida para conducir vehículos destinados al transporte de cargas.