Un juez federal hizo lugar a un amparo y ordenó al Estado Nacional ejecutar de forma inmediata la reparación integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López. El fallo considera acreditado el grave deterioro de las calzadas y advierte sobre el riesgo que representa para la seguridad vial.
La Justicia Federal de Venado Tuerto ordenó al Estado Nacional la reparación inmediata de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, en la provincia de Santa Fe, al considerar que el estado de las calzadas representa un riesgo para la circulación y evidencia un incumplimiento en las tareas de mantenimiento.
La medida fue dispuesta por el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
El fallo ordena una reparación integral
La resolución judicial establece que el Estado Nacional deberá garantizar la “inmediata y urgente reparación integral” de las tres rutas nacionales con el objetivo de restablecer condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad para quienes utilizan estos corredores.
El magistrado sostuvo que las pruebas incorporadas al expediente, incluyendo documentación de la propia Dirección Nacional de Vialidad, demostraron el avanzado deterioro de las calzadas y la falta de acciones suficientes para su conservación.
La Ruta Nacional 33, en estado crítico
Uno de los puntos centrales del fallo es la situación de la Ruta Nacional 33, donde el juez describió la existencia de importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos que generan un riesgo permanente para los usuarios.
La propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido durante el proceso judicial que el corredor requería una intervención urgente, situación que derivó en una licitación adjudicada a la empresa Rovial S.A.
Sin embargo, las obras no pudieron completarse debido a la falta de autorización de las partidas presupuestarias necesarias para continuar los trabajos. Las tareas realizadas se limitaron a intervenciones parciales de bacheo, consideradas insuficientes por la Justicia frente al nivel de deterioro existente.
También cuestionó el mantenimiento de las rutas 7 y 8
La sentencia también analizó el estado de las rutas nacionales 7 y 8, concesionadas a Corredores Viales S.A.
En ambos casos, el juez concluyó que las tareas de mantenimiento ejecutadas no alcanzaron para garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial.
Respecto de la Ruta 8, el expediente señala que la propia Dirección Nacional de Vialidad había labrado numerosas actas por incumplimientos contractuales de la concesionaria, mientras que en la Ruta 7 no se acreditó un mantenimiento sostenido sobre la totalidad del corredor.
Por ese motivo, el magistrado rechazó el planteo de la empresa concesionaria que sostenía que sus obligaciones no incluían trabajos de repavimentación, recordando que el contrato contempla responsabilidades vinculadas al mantenimiento, mejora y reparación de las rutas.
El Estado sigue siendo responsable
Uno de los aspectos destacados de la resolución es que el juez dejó establecido que el Estado Nacional no puede desligarse de sus responsabilidades argumentando cambios de concesionarias o modificaciones en la administración de la red vial.
El fallo señala que la distribución de competencias entre organismos públicos o empresas privadas no puede impedir la protección efectiva de derechos fundamentales como la seguridad vial, la vida, la salud y la libre circulación.
En consecuencia, la orden judicial deberá ser cumplida por el Estado Nacional, ya sea a través de la Dirección Nacional de Vialidad, del organismo que eventualmente asuma esas funciones o mediante las empresas concesionarias que correspondan.
Una decisión con impacto para el transporte
Las rutas nacionales 7, 8 y 33 constituyen corredores estratégicos para el transporte de cargas y la producción agroindustrial del sur santafesino y de gran parte del país.
El fallo judicial pone nuevamente en agenda el estado de la infraestructura vial nacional y la necesidad de ejecutar obras de mantenimiento que permitan mejorar la seguridad de miles de conductores que transitan diariamente por estos corredores.