La UIPBA, la ADIBA y la FADEEAC cuestionaron las nuevas medidas del municipio de Ramallo para el transporte de cargas. El Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado exige registros y permisos, contempla sanciones y podría comprometer la operatoria de fábricas. Las entidades advierten sobre mayores costos logísticos y cuestionan la legalidad del esquema de cobro vial.
El municipio bonaerense de Ramallo sumó nuevas exigencias para el transporte de cargas con la creación del Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP), una medida que generó el rechazo de entidades industriales y empresarias del sector. La normativa establece un registro obligatorio y autorizaciones para circular dentro del distrito, en un contexto de cuestionamientos previos por el peaje aplicado a los camiones que utilizan un acceso estratégico para la actividad industrial y portuaria.
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) expresaron su preocupación por el impacto que las disposiciones podrían tener sobre los costos de producción, el movimiento de mercaderías y la continuidad operativa de las fábricas de la región.
En paralelo, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) amplió su denuncia contra el municipio ante la Dirección Nacional de Vialidad y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), tras la aprobación del nuevo sistema.
Registro obligatorio, permisos y sanciones para el transporte pesado
La ordenanza municipal del 19 de octubre estableció el SIGTP, que obliga a los transportistas a inscribirse y tramitar autorizaciones para operar dentro de Ramallo.
Las entidades industriales cuestionan que el mecanismo incorpora requisitos que consideran similares a los del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), eliminado por el Gobierno nacional en 2024 en el marco de las medidas de simplificación administrativa para el sector.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el régimen de sanciones previsto. Según los cuestionamientos planteados por las entidades, el sistema contempla multas, restricciones a la circulación y retención de vehículos ante eventuales incumplimientos.
Además, la normativa establece la responsabilidad solidaria de las empresas que contratan servicios de transporte. Para los industriales, esta disposición amplía el alcance de las posibles sanciones y podría afectar la operatoria de las plantas que dependen del ingreso regular de materias primas y de la salida de productos terminados.
El peaje de Ramallo: cuánto cuesta circular por el acceso industrial
El nuevo registro se suma al sistema de peaje establecido en septiembre para los vehículos de carga que circulan por un tramo de aproximadamente cinco kilómetros del ex Camino Provincial 87, utilizado como acceso hacia la zona industrial y el puerto de San Nicolás.
De acuerdo con los datos difundidos por las entidades que cuestionan la medida, los valores previstos oscilan entre $25.000 y $62.000 por viaje. El esquema alcanzaría a más de 100 empresas, con costos anuales que podrían llegar a los $500 millones por organización, según las estimaciones presentadas por el sector.
La denuncia de FADEEAC también cuestiona la estructura de concesión del sistema. Según la presentación de la entidad, la explotación fue adjudicada a una empresa privada que recibiría el 50% de la recaudación.
A su vez, se instaló un pórtico de telepeaje y comenzaron las intimaciones a transportistas para que gestionen el dispositivo TAG y se inscriban en el sistema.
La federación sostiene que el cobro funciona como un “peaje municipal encubierto” y cuestiona tanto la tasa vinculada al tránsito pesado como la sobretasa aplicada a los combustibles en el distrito.
FADEEAC amplió su denuncia ante Vialidad y la CNRT
La presentación de FADEEAC profundiza el reclamo que la entidad había iniciado en septiembre contra el esquema de cobros impulsado por Ramallo.
La federación sostiene que las nuevas exigencias municipales se superponen con controles provinciales y nacionales existentes y que la obligación de gestionar permisos, inscribirse en registros y afrontar costos adicionales puede convertirse en una barrera para el movimiento de cargas.
También advierte sobre las consecuencias que podrían tener las sanciones previstas por el SIGTP, en particular las restricciones a la circulación y la retención de vehículos.
Desde la entidad empresaria consideran que estas medidas pueden afectar el derecho a la libre circulación y aumentar los costos de las operaciones de transporte. Se trata de cuestionamientos planteados por la federación en el marco de su denuncia; la presentación, por sí sola, no implica que exista una resolución judicial que haya declarado ilegal el sistema.
La industria advierte por el impacto sobre las fábricas
La UIPBA y la ADIBA señalaron que la combinación de peajes, registros y permisos municipales incrementa los costos logísticos y suma trámites administrativos para las empresas que dependen del transporte por camión.
La preocupación se concentra especialmente en la actividad industrial de la región, donde el acceso por ruta resulta fundamental para el abastecimiento de insumos y el traslado de productos terminados hacia otros destinos.
Las entidades advierten que la responsabilidad solidaria de las empresas contratantes podría comprometer la continuidad operativa de algunas fábricas si las sanciones o restricciones afectan la llegada de los vehículos.
Además, sostienen que la creación de nuevos cobros municipales perjudica la competitividad de la industria, el comercio y las exportaciones, al encarecer cada etapa del traslado de mercaderías.
El riesgo de que otros municipios repliquen el sistema
Otro de los puntos planteados por las entidades empresarias es la posibilidad de que medidas similares se extiendan a otros distritos del país.
Según advierten, si cada municipio establece sus propios registros, permisos y tasas para el transporte pesado, una misma carga podría acumular costos adicionales a lo largo de su recorrido, incluso cuando ya existen controles y obligaciones establecidos por otras jurisdicciones.
El conflicto en Ramallo abre así una discusión sobre el alcance de las facultades municipales para regular el tránsito pesado y establecer cobros vinculados con la circulación, especialmente en corredores utilizados por industrias, operadores logísticos y terminales portuarias.
Mientras FADEEAC amplía sus presentaciones ante organismos nacionales y las entidades industriales mantienen sus objeciones, el punto central del reclamo es el impacto económico y operativo que el nuevo esquema puede generar sobre el transporte de cargas y las empresas que dependen de él.