La Provincia de Buenos Aires dio un paso clave en materia de tránsito y transporte tras la publicación, el 5 de enero de 2026, de una disposición en el Boletín Oficial provincial, mediante la cual se avanza en la delegación de facultades para el otorgamiento de licencias de conducir interjurisdiccionales.
Según lo publicado en las páginas 7 y 8 del Boletín Oficial, se propicia la aprobación de un Convenio Específico de delegación de facultades entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Provincia de Buenos Aires, representada por el Ministerio de Transporte bonaerense.
¿Qué implica esta medida?
El texto se fundamenta en el artículo 13 inciso h) de la Ley Nacional N° 24.449 (Ley de Tránsito) y su modificatoria, que establece que el Estado Nacional es el competente para otorgar licencias de conducir para vehículos de transporte de pasajeros y de carga con carácter interjurisdiccional. No obstante, la normativa también prevé que dicha facultad puede ser delegada a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante convenios específicos.
En ese marco, el convenio celebrado permitirá que la Provincia de Buenos Aires pueda emitir Licencias Nacionales de Conducir interjurisdiccionales correspondientes a las Clases C, D y E, que abarcan a conductores profesionales de transporte de carga y pasajeros.
Marco legal
La medida se encuadra dentro de lo establecido por las Leyes Nacionales N° 24.449 y N° 26.363, así como por los Decretos Nacionales N° 779/95 y N° 196, que regulan el sistema de seguridad vial, el régimen de licencias y la coordinación entre Nación y provincias.
Impacto para el sector
La aprobación de este convenio representa un avance significativo para camioneros y conductores profesionales, ya que permitirá agilizar trámites, descentralizar gestiones y fortalecer la capacidad operativa de la Provincia de Buenos Aires en materia de licencias profesionales, sin perder el marco unificado del sistema nacional.
Desde el sector del transporte, la medida es observada como un paso positivo hacia una mayor eficiencia administrativa, especialmente para quienes desarrollan su actividad de manera habitual entre distintas jurisdicciones del país.
