La IGJ desplazó nuevamente a las autoridades de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas tras detectar un déficit financiero equivalente al 140% de sus ingresos y el incumplimiento en la presentación de balances de varios ejercicios. El abogado Gastón Gabriel Di Bella fue designado como nuevo interventor.
El Ministerio de Justicia de la Nación resolvió disponer una nueva intervención, con desplazamiento de autoridades, de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), la entidad gremial que agrupa a transportistas de cargas del país y que cuenta con personería jurídica desde noviembre de 1968. La medida se extenderá por 180 días hábiles administrativos a partir de la notificación.
La decisión llega apenas meses después de que se levantara una intervención anterior, dispuesta en 2024 y prorrogada en distintas oportunidades, que había culminado en diciembre de 2025 con la renovación de autoridades. En esa elección resultó reelecta la misma conducción que estaba al frente de la entidad antes de aquella primera intervención, con inscripción formal ante la Inspección General de Justicia (IGJ) el 20 de febrero de 2026.
LOS PUNTOS CENTRALES
- Nueva intervención por 180 días hábiles administrativos, con desplazamiento total de autoridades.
- Interventor designado: Gastón Gabriel Di Bella, con domicilio en Avenida Santa Fe 1592, piso 5° “J”, CABA.
- Motivo central: un déficit económico-financiero promedio del 140% de los ingresos de la entidad, según el informe presentado en septiembre de 2025 por el interventor saliente, Agustín Ortiz de Marco.
- CATAC adeuda la presentación de estados contables correspondientes a los ejercicios 2012, 2014 y 2020 a 2025.
- Se presentó además una nueva denuncia (Expediente IGJ N° 358411/10050717) por presunta administración paralela y por la firma de acuerdos paritarios, de precios y tarifas del sector sin la debida representación institucional.
Según los considerandos de la resolución, el relevamiento realizado durante la intervención previa había constatado que la situación financiera de la entidad comprometía “su viabilidad operativa, la prestación de servicios y el cumplimiento de su objeto social”. Ante ese panorama, la IGJ había advertido la necesidad de adoptar medidas correctivas de tipo estructural.
Sin embargo, tras concluir aquel proceso, las nuevas autoridades no realizaron presentaciones para regularizar la deuda de balances ni acreditaron medidas concretas de saneamiento, de acuerdo con lo señalado por el organismo de contralor. A esto se sumó la denuncia reciente, que cuestiona el funcionamiento de la entidad durante el período de intervención anterior, en particular por la posible existencia de una conducción paralela y por la firma de balances y acuerdos sectoriales por parte de personas sin legitimación para hacerlo.
La resolución aclara que los cuestionamientos dirigidos contra la gestión de la intervención anterior resultan extemporáneos, ya que esa gestión ya había sido aprobada mediante otra resolución de la IGJ que no fue impugnada. No obstante, el organismo consideró que los elementos aportados, sumados a la situación actual, justifican profundizar la fiscalización sobre la entidad.
“La persistencia de los incumplimientos señalados […] permiten advertir la existencia de un cuadro actual de riesgo institucional y patrimonial”, sostiene el texto oficial que fundamenta la medida.
El nuevo interventor tendrá facultades amplias para analizar la situación institucional, económica y financiera de CATAC; representar a la entidad y llevar adelante los actos de administración ordinaria; iniciar las acciones judiciales y extrajudiciales que considere necesarias para proteger su patrimonio; y evaluar la gestión de la Comisión Directiva desplazada, pudiendo iniciar causas civiles o penales si lo estima pertinente. Deberá, además, presentar informes mensuales de avance ante la Inspección General de Justicia.
La medida se enmarca en las atribuciones que la Ley N° 22.315 otorga a la IGJ para intervenir asociaciones civiles cuando se verifican irregularidades que pongan en riesgo su normal funcionamiento y la administración de sus recursos.