El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la eliminación del Registro Único de Transporte Automotor (RUTA), considerado por el funcionario como un trámite “absurdo” que generaba costos y demoras innecesarias en la actividad de los transportistas. La medida se oficializó a través del Decreto 1109/2024, firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo.
Impacto de la medida
Sturzenegger detalló que, solo en 2023, este trámite obligatorio significó 150.000 gestiones, un gasto de 500 millones de pesos y demoras de hasta 70 días para la habilitación de vehículos, a pesar de que estos ya cumplían con otros requisitos legales como revisiones técnicas y seguros. La eliminación del RUTA busca reducir estas barreras burocráticas, optimizando tiempos y costos para el sector del transporte.
El decreto establece que, para los vehículos de transporte interjurisdiccional, las únicas exigencias serán:
- Revisión técnica obligatoria.
- Licencia Nacional de Conducir vigente.
- Documentación del transporte (como cartas de porte o guías).
- Cédula del automotor.
- Seguro obligatorio vigente.
- Documentación específica para transporte de cargas peligrosas (si corresponde).
- Permisos de circulación especiales, en caso de ser requeridos.
RUTA: un sistema criticado
El ministro destacó que el RUTA duplicaba controles ya realizados por otros organismos, imponiendo costos innecesarios a transportistas. Incluso, mencionó que su impacto llevó a algunas empresas a diseñar vehículos específicos (como camionetas de doble cabina) para evitarlo, generando una disfuncionalidad en el mercado.
El decreto también enfatiza la necesidad de garantizar la libre competencia y la transparencia en el sector, promoviendo un sistema económico basado en decisiones libres y desregulaciones que fomenten la innovación y el crecimiento.
Medidas previas y antecedentes
La eliminación completa del RUTA se suma a medidas anteriores, como su digitalización y gratuidad, implementadas en septiembre pasado. En ese momento, también se flexibilizó el peso mínimo de carga para su obligatoriedad, pasando de 700 kilos a 3.500 kilos. Ahora, el decreto marca un avance definitivo hacia la eliminación de trabas burocráticas para los transportistas.
Desde la cartera de Desregulación afirmaron que estas acciones buscan liberar las fuerzas productivas, fortaleciendo el desarrollo económico y promoviendo la libre circulación de bienes y servicios en todo el país.
